El Salvador dio hoy un giro de 180 grados a su política de las últimas dos décadas, al reconocer públicamente su responsabilidad en el caso del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte.En una audiencia de seguimiento del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno del presidente Mauricio Funes, afirmó que reconoce "plenamente" la autoridad del organismo y el carácter vinculante de sus recomendaciones emitidas en su informe de fondo de 2000.
La Comisión recomendó al Gobierno salvadoreño que realice de manera expedita una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre el caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la Ley de Amnistía decretada.
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