Pese a que parezca sumergido en el olvido, el 19 de diciembre de 2007,
las fuerzas parlamentarias firmaron el Pacto de Estado contra la
Pobreza. Este acuerdo, ratificado por todas las comunidades autónomas y
ayuntamientos, suponía un compromiso por el que antes de 2012 se destinaría el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Llegado el momento, no solo no ha aumentado la inversión en cooperación internacional, sino que se ha reducido drásticamente, hasta el punto de poner en riesgo la sostenibilidad de las propias ONG.
Por Miguel ángel Malavia
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